El miércoles, la Rada Suprema aprobó como base el proyecto de ley 8153 «Sobre Protección de Datos Personales», que, entre otras cosas, prevé nuevos artículos sobre «rastreo y prohibición de llamadas maliciosas o no deseadas a abonados de telefonía móvil».
Según el texto del documento, revisado por Periódico judicial y jurídico Se propone que la ley «prohíba las llamadas o mensajes no deseados» y permita al abonado presentar una solicitud por escrito al operador para rastrearlos o establecer los datos de contacto de la persona o empresa que los realiza/envía.
Solicitud de datos de contacto debe presentarse por escrito y contener información que confirme que el abonado recibe llamadas no deseadas desde el número mencionado en la solicitud, así como el compromiso escrito de utilizar los datos facilitados por el operador únicamente para defender sus intereses ante los tribunales El proveedor de redes o servicios de comunicaciones electrónicas está obligado a responder en un plazo de 10 días — satisfacer o denegar la solicitud (en los casos en que el abonado no haya facilitado los datos necesarios en la solicitud).
En caso de respuesta positiva, contendrá información sobre el número del equipo terminal y el nombre del abonado que realiza las llamadas o envía los mensajes no deseados, así como (si está disponible) la dirección del lugar de residencia o la dirección de registro de la persona jurídica.
Además, el operador deberá notificar la solicitud al abonado cuyos datos hayan sido compartidos en un plazo de tres días hábiles a partir de la respuestaSi el operador recibe una declaración sobre el seguimiento de llamadas maliciosas o no deseadas. El proveedor de servicios debe registrar temporalmente (pero no más de 3 meses) el origen de todas las llamadas al equipo terminal o a los terminales de red del abonado, incluidas aquellas para las que exista un requisito de no identificación. El proveedor de servicios también debe conservar los datos de seguimiento y facilitárselos al abonado por escrito.