Ya en octubre, los ucranianos podrían enfrentarse a subidas de tarifas y problemas de acceso a Internet.
La razón es que, a partir del 1 de octubre, los proveedores de telecomunicaciones pasarán al régimen fiscal general, mientras que la mayoría de ellos operan actualmente como empresarios individuales, pagando un impuesto único (principalmente los proveedores que operan en pueblos o ciudades).
«Estas microempresas se verán obligadas a ampliar rápidamente su plantilla para administrar el sistema fiscal general, y los costes adicionales acabarán repercutiéndose en el usuario final. En general, esto afectará a todos los abonados, pero en los pueblos el servicio ya es más caro que en las ciudades», — dice Oleksandr Petrunya, organizador de la Conferencia Ucraniana de Operadores y Servicios (UCOS).
Al parecer, la propuesta de cambiar de proveedor al sistema impositivo general fue formulada por el diputado Danylo Hetmantsev, que preside la comisión de impuestos de la Rada Suprema.
Actualmente, los representantes del negocio de Internet registró una petición exigiendo que se congele la iniciativa de Hetmantsev — al menos hasta que acabe la guerra. En el momento de su publicación, había reunido 17.500 votos de los 25.000 necesarios.
«Parece que tal política anticompetitiva «hacia las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de las comunicaciones electrónicas tiene otro objetivo, en particular, la absorción de este negocio o su destrucción y, como resultado, privar a los consumidores de servicios de acceso a Internet asequibles y de alta calidad», — afirma la petición.
Hace una semana, los diputados no lograron aprobar un proyecto de ley sobre subidas de impuestos, al faltar dos votos. La última versión del documento prevé un aumento del tipo del impuesto militar al 5%, un impuesto militar del 1% de los ingresos para los empresarios individuales (monotributistas del Grupo III) y un impuesto militar para los empresarios individuales (monotributistas de los Grupos I, II y IV) del 10% del salario mínimo. Entre otras cosas, se propuso fijar los tipos del impuesto de sociedades para las instituciones financieras no bancarias (excepto las aseguradoras) en el 25%.
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