El 20 de marzo, los diputados votaron con 234 votos «a favor» compatible en primera lectura proyecto de ley nº 10399, que prevé cambios en la financiación de la enseñanza superior: el documento se basa en el principio de «el dinero sigue al estudiante» y elimina la rígida división en «empleados estatales» y «empleados contratados».