Los bancos revelarán el secreto bancario, los datos personales y las direcciones IP de los ucranianos a petición de la Policía Nacional

Ucrania quiere cambiar las normas de respuesta de los bancos a las investigaciones policiales sobre fraude monetario — el Parlamento estudiará próximamente el correspondiente proyecto de ley nº 11043.

Según el documento, los bancos deben responder a la solicitud de información de la Policía Nacional sobre la transacción de pago de un cliente «lo antes posible» (pero no más tarde de 24 horas) — en los casos en que dicha transacción contenga indicios de un delito tipificado en los artículos 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 del Código Penal de Ucrania (todos ellos relacionados con el robo, el fraude, la piratería de sistemas electrónicos, etc.).

¿Qué información deben facilitar los bancos?

• El importe y la divisa de la operación de pago;
• Fecha de la operación de pago;
• Tipo de operación de pago;
• Datos geoespaciales, dirección IP, dirección de una herramienta de comunicación a distancia (incluida una aplicación de pago) o dispositivo de pago utilizado para realizar una operación de pago (si existe), y en caso de una operación de pago a través de una caja – la dirección de la caja (si existe);
• Datos de identificación del destinatario: para una persona física: apellidos, nombre y patronímico (si lo hay), número de registro de la tarjeta de cuenta del contribuyente; para una persona jurídica: nombre completo, código de identificación según el Registro Estatal Unificado de Empresas y Organizaciones de Ucrania;
• Nombre completo del proveedor de servicios de pago del destinatario;
• Identificador único del beneficiario y/o número completo del instrumento de pago electrónico y/o cuenta del beneficiario;
• Nombre y código del adquirente (en su caso);
• Identificador del dispositivo de pago (si existe);
• Código que identifica la operación en el sistema de pago (si existe);
• Identificador único del ordenante y/o número completo del instrumento de pago electrónico y/o cuenta del ordenante.

Según los expertos, tales enmiendas no tienen en cuenta los requisitos de la Constitución en materia de protección de la información confidencial sobre una persona.

Fuente: Periódico judicial y jurídico